El posible propietario tiene derecho a los documentos, incluidos los financieros, durante los tres días que tiene para revisarlos. La junta tiene que ser el proveedor del documento para asegurarse de que se suministra el conjunto de documentos más reciente.
En algunos estados el gobierno ha establecido por ley que la tasa de los documentos se limita al coste de reproducción de los documentos más el envío por correo. Por lo general, se permiten tarifas más altas si los documentos son suministrados por un contratista externo, porque tienen que pagar la mano de obra.
En algunas comunidades el servicio también incluye una inspección de la unidad/casa para verificar que el propietario actual no ha realizado modificaciones en la propiedad que vayan en contra de las directrices arquitectónicas. Esto protege al nuevo propietario porque sabe que no recibirá una carta de la empresa gestora alegando que la cubierta existente es demasiado grande o de un color equivocado.
Según mi experiencia, los honorarios los paga el vendedor, aunque el coste de los documentos puede incluirse en el coste de la propiedad. La peor situación puede ocurrir si el comprador potencial cancela la compra durante el periodo de revisión de tres días; tendrá que pagar la tasa de nuevo para enviar los documentos oficiales al siguiente comprador potencial. En general, no se solicitan los documentos hasta que se firma el contrato, lo que minimiza el número de documentos que hay que comprar.