Existe un posible conflicto de intereses (no sólo para el presidente, sino también para cualquier director o empleado que posea acciones de la empresa) derivado de la posibilidad de utilizar información privilegiada. Supongamos que el presidente de una empresa que cotiza en bolsa tiene una gran participación y, gracias a su posición, se entera de una información, aún no revelada al mercado, que significa que las perspectivas de la empresa no son tan buenas como se creía. En ese caso, podría querer vender las acciones inmediatamente, en lugar de esperar a que la información se haya divulgado y, como resultado, el precio de las acciones haya bajado.
Dado que se supone que los directores, incluidos los presidentes, deben actuar en interés de la empresa y de su cuerpo de accionistas, existen dos posibles conflictos. En primer lugar, al centrarse en la venta de sus propias acciones y en los preparativos para hacerlo, un presidente podría descuidar sus obligaciones con la empresa en un momento crítico para ésta. En segundo lugar, la venta de un gran paquete de acciones tendería a deprimir el precio de las acciones en detrimento de otros accionistas.
Esto no quiere decir que un presidente no deba tener acciones. Es poco probable que una participación relativamente pequeña dé lugar a un conflicto de intereses grave. En muchos países (véase aquí ), el problema se ha abordado en cierta medida mediante la ilegalización de las operaciones con información privilegiada (aunque las normas detalladas difieren según los países).
